'Alto al fuego'

Estados Unidos, ha vuelto a vivir otra vez más, una masacre indiscriminada en uno de sus centros educativos. Esta ocasión, los sucesos se han desarrollado en una escuela de primaria de NewTown, en el estado de Connecticut, a manos de un joven de 20 años. La mañana del viernes, tras asesinar supuestamente a su madre, Adam Lanza entró por la fuerza en dos clases del colegio Sandy Hook donde se ensañó disparando contra los alumnos y el personal del centro que allí había. Durante el asalto, el joven arrebató la vida de 20 niños y un total de 6 adultos, entre los que se encontraba el director y la psicóloga del centro. Tras los atentados, Lanza se quitó la vida antes de ser capturado por la policía, quien ha informado que el joven disponía de chaleco antibalas, dos pistolas y un rifle de los que usa el ejército en Afganistán o Irak. Ésta ha sido la última matanza de las 18 que han ocurrido en este país desde los sucesos de Columbine en 1999.

Como ocurre cada vez que pasa un acontecimiento similar, son muchas las voces que claman a favor del mayor control de armas de fuego. Pero en EEUU, este debate casi siempre va a caer a favor de los partidarios de la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite la tenencia lícita de armas. Tanto la NRA (Asociación Nacional del Rifle) como los principales distribuidores y vendedores de armas, financian en gran parte las campañas electorales de los partidos políticos más importantes, además de ser una de las “armas” de presión más contundentes que influyen sobre el Congreso. Con tales poderes, parece muy difícil que, Republicanos y Demócratas, acaben accediendo a modificar la Segunda Enmienda. Pese a la relativa facilidad con la que se puede acceder a tener un arma, el joven Lanza, con sus 20 años, no pudo obtener legalmente sus pistolas, ya que, el estado de Connecticut es uno de los más severos en la venta de estos productos bélicos. Aun así, pudo acceder, con cierta facilidad, a ellas ya que al parecer, pertenecían a un familiar.

Este dramático acontecimiento ha vuelto a platear serios problemas al poder de EEUU, puesto que la decisión sobre la remodelación de una ley y tradición tan antigua como es la tenencia de armas, es mucho más difícil de lo que se pueden imaginar. Tanto Obama y su partido, como el bando más conservador, el Republicano, deberían sentarse con seriedad y convencimiento de sus objetivos, para debatir las posibles medidas cautelares, si es que las hay para ambos, para que este desastre “tan común” en Estados Unidos no vuelva a ocurrir. Pero. por desgracia, está sucediendo todo lo contrario. Según un informe de una fuente del comercio de armas, la  NICS, en lo que va de año se han vendido 16.800.000 de armas de fuego, el doble de los 10 años atrás.

Además de modificar su legislación para la adquisición legal de armas, la sociedad estadounidense debería comenzar a demostrar por qué es la primera potencia mundial. Cuando algo sale mal, se debe buscar una solución y arreglarlo lo antes posible. Por ello, todas las masacres desde 1999 que se han llevado consigo la vida de decenas de personas inocentes, deberían servir para que la gente de EEUU se dé cuenta de que tener una pistola no te hace más poderoso que el otro, sino que te convierte en una persona más peligrosa para el conjunto de la sociedad.

El campismo, al abismo

Hace aproximadamente un año y medio, el que fuera presidente de la Generalitat desde el 2003, Francisco Camps, dimitió tras verse inmerso en la trama Gürtel y cedió su trono al que por entonces ocupaba la alcaldía de Castellón, Alberto Fabra. Además de la jefatura del Consell, Camps legó al nuevo presidente una deuda de 20.547 millones de euros, el triple de la que Eduardo Zaplana le dejó. Con ese panorama tan abrupto, el trabajo que tenía por delante Fabra era el de tratar de rebajar esa deuda, que ha llegado a situar a la Generalitat en el primer puesto de toda España en proporción a la riqueza regional, ya que esos 20.547 millones equivalieron en 2011 al 19,9% del PIB.

Para poder conseguir su propósito, era necesario un profundo cambio en la estructura de la Generalitat, puesto que la gran mayoría de los conselleres aun eran de la cúpula de Camps. Algunos, como los casos de Rafael Blasco o Enrique Verdeguer, fueron reemplazados desde un primer momento tras la llegada de Fabra. Pero la gran remodelación ha llegado este viernes. El presidente ha reducido el número de consellerías que pasan de diez a ocho y además tres cargos han sido sustituidos. Maritina Hernández, Lola Johnson y José Manuel Vela, que dimitió horas antes de ser imputado por entregar un documento secreto a Rafael Blasco, han sido relegados de sus puestos. Ahora sí, Fabra dispone de un equipo de gobierno hecho a su medida, con el que poder trabajar libremente y sin ataduras y con el que debe tratar de mejorar la imagen de una Comunidad que parece estar destinada al abismo si no cambian las cosas. Esa limpieza a fondo podría servir además para que algunos de los imputados en tramas de corrupción como la Gürtel, Emarsa, Brugal o Cooperación sean juzgados e imputados por tal delito. Por el momento el primer paso está dado y ahora solo cabe esperar a ver cuales serán las soluciones que aporta el nuevo Consell para tratar de salir de este pozo sin fondo.

La postura que ha adoptado Fabra al tratar de desmantelar por completo la antigua estirpe campista es la más apropiada y su ejemplo podrían seguirlo otros. Es el caso de Rubalcaba que pese a no tener exactamente las mismas ideas que Zapatero, ha formado parte de su gobierno durante los ocho años y los errores que se cometieron  durante ese mandato también le corresponden en gran medida, ya que ha sido Ministro de Interior y Vicepresidente. Más de lo mismo cuando se trata del otro líder político, Mariano Rajoy, que fue Ministro de Fomento de Aznar cuando ocurrió la catástrofe del Prestige o la guerra de Irak, es ahora el presidente de un gobierno que está provocando la desaparición del Estado del Bienestar. Así que los partidos políticos deberían pensar en cambiar sus plantillas, en renovar sus ideas y propuestas de futuro, en dar otra imagen de España que se aleje de la corrupción y los engaños, en definitiva, en todo aquello que por desgracia parece tan lejano. Una nueva forma de política es posible, siempre y cuando se cambie con el pasado y se tenga en cuenta que el pueblo es soberano y no los políticos que lo gobiernan.

Primero la deuda, luego las pensiones

Después de las elecciones gallegas, en las que Feijó ha vuelto a ser embestido como Presidente de la Xunta y tras los comicios catalanes que han posibilitado que Sánchez Camacho mejore los anteriores resultados populares, Mariano Rajoy y su equipo de gobierno han incumplido este viernes con una de las últimas promesas que les quedaba de la campaña electoral.  La subida del IVA, el rescate de la Banca española, los recortes en los servicios públicos como sanidad o educación y ahora, las pensiones. Cabe recordar que este fue uno de los pilares sobre los que se sostuvieron los mítines de Rajoy. Pese a la revalorización de entre un 1% y un 2% que se aprobó en enero, la desviación de la inflación de 2012, provocada por la subida de los precios de un 2'9%,  ha derivado en una bajada de las pensiones, ya que, el gobierno popular asegura no tener los aproximadamente 4.000 millones de euros que supondría pagar esa diferencia a los pensionistas.

Por el momento, muchos son los que ya han protestado de forma pública por esta nueva medida adoptada desde la Moncloa. Los principales partidos políticos de la oposición como IU o PSOE, quien durante el anterior gobierno congeló las pensiones. Ambos han manifestado su desacuerdo en la misma línea que los dos sindicatos mayoritarios de España UGT y CCOO. Pese a las protestas, el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso de lo Diputados y esa ventaja le facilita poder tomar las decisiones que crean más oportunas. De hecho, por el momento casi todos los ajustes y reformas aplicadas han sido rechazadas por esa minoría del Congreso y por una amplía mayoría de la población española, que ve como, poco a poco, en algo más de un año de mandato de Rajoy, sus derechos ganados con esfuerzo durante años, van esfumándose como si nada. El gobierno popular, con este camino, sigue demostrando a la sociedad española que su principal objetivo es el de cumplir con las normas dictaminadas desde Alemania y los grandes bancos que forman la Troika, por delante incluso de ayudar a los más vulnerables que son, en este caso, los pensionistas.

La crisis se está ensañando, cada vez más, con la población española y el Partido Popular no está colaborando para que esta escabechina sea lo menos dolorosa posible. Si no para de crecer el número de parados, si se siguen reduciendo, de forma reiterada, los servicios públicos para los ciudadanos y se aumentan impuestos como el IVA, que afecta de forma desigual a pobre y a rico, no parecería nada extraño que, en poco tiempo, el conjunto del país vuelva a salir a la calle para mostrar su descontento. Mucho debe cambiar el panorama político para que Mariano Rajoy y su equipo de gobierno siga estando al mando de España, ya que los recortes y las medidas adoptadas hasta el momento, no están siendo efectivas, por lo menos para los españoles. Otra cosa es el cumplimiento de los acuerdos con la Unión Europea que sirve de justificación del PP sobre su gestión.